Uno de los rasgos más llamativos de la expansión española en América fue el modo en que la Corona y la Iglesia afrontaron la cuestión indígena. A diferencia de otros imperios, la monarquía hispánica reconoció pronto la plena humanidad de los pueblos descubiertos: tenían alma, podían recibir el bautismo y, por tanto, ser miembros de la Cristiandad. Las Leyes de Burgos (1512) y más tarde las Leyes Nuevas (1542) prohibieron expresamente su esclavitud y afirmaron que eran vasallos libres de la Corona, con derechos y deberes semejantes a los de cualquier súbdito peninsular.
Sin embargo, esa integración espiritual y jurídica no significó una igualdad absoluta en todos los planos. Desde el siglo XVI se promulgaron normas que limitaban el traslado de indígenas a la Península Ibérica. Los motivos eran diversos. Por un lado, se alegaba la voluntad de protegerlos de abusos y desarraigos: lejos de su tierra, lengua y costumbres, muchos caían en servidumbre de hecho, lo que contradecía la política oficial. Por otro lado, había un trasfondo social: la Castilla del Renacimiento estaba marcada por la limpieza de sangre. La presencia masiva de indígenas en la Península se percibía como un elemento potencialmente dañino para un orden social que acababa de superar siglos de conflicto con judíos y musulmanes. Esto choca frontalmente con las consignas que hoy lanzan algunos Hispanchistas de renombre, ya que siguen promoviendo la inmigración proveniente de Hispanoamérica pese a haber millones de sudamericanos en la Península.
La consecuencia práctica fue un equilibrio singular: los indígenas eran reconocidos como parte de la Cristiandad y sujetos de derechos, pero su mundo jurídico y vital se encuadraba en las Indias. Allí eran protegidos por un conjunto de normas específicas, y se los consideraba vasallos del rey dentro de sus comunidades. Solo en casos excepcionales se permitía su traslado a España: embajadores, criados de algún noble, o individuos muy concretos.
Si comparamos este modelo con el anglosajón, la diferencia es radical. Mientras que España limitaba la llegada de indígenas a la Península pero les reconocía un lugar jurídico y espiritual dentro de la Monarquía, Inglaterra y sus colonias tendieron a la segregación absoluta. El indígena norteamericano o el africano traído como esclavo eran vistos como radicalmente “otros”, carentes de derechos plenos e incluso de humanidad. La mezcla era rechazada, y el mestizaje, prácticamente inexistente.
En definitiva, la política hispánica hacia los indígenas se movió entre dos polos: el reconocimiento espiritual y jurídico como cristianos y vasallos, y la limitación práctica de su integración en la Península.
Como vemos, la realidad histórica dista mucho del nuevo concepto de Hispanidad que algunos historiadores y pensadores promueven, concepto que es caricaturizado con el nombre de “hispanchidad”, y no es para menos, puesto que promover la llegada de más inmigrantes procedentes de la america hispana, no tiene nada que ver con la política llevada a cabo por el Imperio español durante siglos respecto a los indígenas. Exageran y manipulan ciertos hechos históricos para justificar literalmente la sustitución étnica del pueblo español, bajo el pretexto de que esta inmigración es preferible a la africana.
Caballero de Occidente
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